Condiciones MIP

Requisitos:

El CLIENTE deberá poseer sistemas actualizados para protegerse contra ataques de virus y para la realización de las copias de seguridad.

La restauración en los equipos objeto de intervenciones correctoras, del sistema operativo así como los programas ofimáticos, se realizará con soportes originales licenciados y aportados por el CLIENTE.

Las notificaciones de averías así como las consultas de asistencia técnica deberán ser realizadas a Cadinor por una persona asignada por el CLIENTE como interlocutor único

Exclusiones del servicio:

La corrección de errores imputables a la manipulación del sistema informático y de comunicaciones por personal no autorizado expresamente por Cadinor.

Las tareas necesarias para restablecer la situación anterior derivadas de operaciones incorrectas por parte del usuario que ocasionen pérdidas de información, destrucción o desorganización de ficheros, etc.

La corrección de averías imputables a los programas utilizados y que, por lo tanto, no guarden ninguna relación de causalidad con el sistema informático.

La reinstalación por avería y el soporte de los programas que no se mencionen implícitamente en la Cláusula de Software soportado.

La recuperación de los datos no contenidos en el sistema de copias gestionado preventivamente por Cadinor. A todos los efectos Cadinor no se hace responsable de los datos contenidos en los equipos propiedad del CLIENTE, siendo la tarea que sobre los mismos dimana de este escrito exclusivamente de apoyo y control a su administración y seguridad.

Las instalaciones de nuevos productos o mejoras de los existentes, adquiridos por el CLIENTE, que se añadan en cualquier momento, al sistema informático y de comunicaciones.

Período de contratación:

El contrato se subscribirá por un período de un año, incluyendo exclusivamente los productos y servicios sujetos al mismo en el inicio del mismo. Cualquier nuevo producto o servicio que proponga incluir a posteriori el cliente deberá ser objeto de estudio de viabilidad técnica y valoración económica